miércoles, 16 de julio de 2025

 

Conectividad en el Perú: entre la brecha digital y la oportunidad e inclusion financiera.



Por: Dr. Augusto Donayre Paiva

En el Perú, el acceso a Internet continúa siendo uno de los factores más determinantes para el desarrollo económico y social, especialmente en un contexto donde la digitalización avanza a paso firme en todo el mundo. Sin embargo, esta Transformacion no se distribuye de manera equitativa. A pesar de que aproximadamente el 75 % de los peruanos accede a Internet de forma ocasional, existe una profunda brecha entre las zonas urbanas y rurales. Mientras en las ciudades el acceso supera el 80 %, en el ámbito rural apenas alcanza la mitad de esa cifra. Este desequilibrio refleja no solo una diferencia tecnológica, sino también una desigualdad estructural en las oportunidades.

Las disparidades regionales son notorias. En Lima Metropolitana, por ejemplo, la conectividad alcanza prácticamente a la totalidad de los hogares. Pero en regiones altoandinas como Huancavelica o Puno, y en la Amazonía, como en Loreto o Ucayali, el acceso a Internet continúa siendo limitado, afectado tanto por factores geográficos como por carencias estructurales. Aunque ha habido avances en la última década, muchas comunidades aún enfrentan barreras para acceder a servicios digitales básicos.

Uno de los principales retos es la geografía misma del país. La cordillera de los Andes y la densa selva amazónica complican la instalación de infraestructura tradicional. A ello se suman los altos niveles de pobreza, que hacen que muchas familias no puedan costear una conexión estable, ni adquirir los equipos necesarios. Por otro lado, el mercado está dominado por pocos actores, lo que reduce la competencia y limita el despliegue de servicios en zonas menos rentables. Además, persiste una limitada alfabetización digital, especialmente en poblaciones quechua y amazónicas, lo que restringe el uso efectivo de la conectividad cuando esta existe.

A pesar de este panorama, se han registrado avances importantes. Hoy, más del 80 % de las conexiones a Internet fijo en el país ya se realizan a través de fibra óptica, lo que representa un salto importante respecto a años anteriores. En el ámbito móvil, la cobertura 4G (cuarta generación de tecnología móvil) se ha expandido hasta alcanzar el 88 % de la población y el despliegue de 5G (quinta generación de redes móviles) ya supera el 84 %. Iniciativas como los modelos de infraestructura rural compartida, que combinan energía solar y redes móviles comunitarias, han permitido llevar conectividad a más de un centenar de comunidades que anteriormente estaban completamente aisladas. Asimismo, programas públicos y privados han instalado centros de acceso digital en regiones como Ayacucho, Cusco y Apurímac, beneficiando a decenas de miles de personas.

Este avance tecnológico ha tenido un impacto positivo en el ámbito financiero. El crecimiento de las billeteras electrónicas, por ejemplo, ha facilitado el acceso a productos financieros básicos para miles de personas que no estaban bancarizadas. Se estima que el uso de estas plataformas digitales ha contribuido a elevar la inclusión financiera del país a cerca del 65 % (adultos bancarizados según LatinAmericanPost) en los últimos años.

Sin embargo, aún queda mucho por hacer para cerrar la brecha. El reto de fondo es lograr una conectividad universal, sostenible e inclusiva. Para ello, es fundamental apostar por tecnologías apropiadas para el territorio, como la fibra óptica troncal, los enlaces satelitales y los modelos solares descentralizados. A su vez, se requiere una regulación moderna que permita compartir infraestructura entre operadores, incentive a nuevos actores y promueva alianzas público-privadas.

Además, se debe apostar por una alfabetización digital más inclusiva, adaptada no solo a las zonas urbanas, sino también a los pueblos originarios, con contenidos disponibles en lenguas indígenas. La expansión de los centros de acceso comunitario y el fomento de fintech locales con enfoque regional son herramientas poderosas para acercar servicios financieros a los sectores más olvidados. Esto debe ir acompañado de una mayor coordinación entre instituciones como el MTC, la SBS, el BCRP, el MIDIS y los gobiernos regionales, en una política nacional de transformación digital con enfoque territorial.

En suma, el Perú se encuentra ante una encrucijada: puede seguir ampliando la brecha digital y financiera, o puede aprovechar los avances tecnológicos para integrarse de forma más equitativa al siglo XXI. La conectividad, entendida como un derecho y no solo como un servicio, es la llave para abrir oportunidades reales de desarrollo, educación, salud y bienestar. Solo mediante una estrategia coordinada y descentralizada se logrará que el acceso a Internet no sea un privilegio, sino una herramienta de inclusión para todos los peruanos.

En este camino, el sector público tiene el deber de garantizar el acceso equitativo a la infraestructura digital, reducir las barreras económicas y fortalecer la educación tecnológica desde las escuelas. Por su parte, el sector privado debe asumir un rol más activo en la innovación, inversión y despliegue de tecnologías inclusivas, especialmente en zonas de menor rentabilidad comercial. La articulación efectiva entre ambos sectores no solo acelerará el cierre de la brecha digital, sino que generará un ecosistema más robusto para el desarrollo de servicios financieros, oportunidades laborales digitales y crecimiento económico regional.

Fuente: Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), durante el primer trimestre de 2025 el 79,0 % de la población de 6 años a más accedió a Internet (con 89,1 % en Lima Metropolitana, 82,3 % en el resto urbano y 52,4 % en áreas rurales). Asimismo, el INEI informó que el 58,9 % de los hogares del país tenía servicio de Internet en ese mismo período.

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