El déficit fiscal en el Perú: ¿Cómo llegamos hasta aquí y qué debemos hacer?

Por: Dr. Augusto Donayre Paiva

En los últimos meses, el déficit fiscal se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación económica en el Perú. Diversos analistas, tanto del ámbito académico como del sector financiero, han advertido sobre el deterioro de las cuentas públicas, el incumplimiento de las metas fiscales y los riesgos que ello supone para la estabilidad macroeconómica del país. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Qué se hizo mal? ¿Y, sobre todo, qué se debe hacer para recuperar la disciplina fiscal?

Una situación que se deteriora

El déficit fiscal del Sector Público No Financiero (SPNF) cerró el año 2024 en 3,5 % del PBI, el nivel más alto desde 1992, con excepción del periodo de pandemia. Este resultado no solo sobrepasa ampliamente el techo fiscal fijado inicialmente en 2 %, sino que también ha generado una pérdida de credibilidad en la capacidad del Estado para gestionar responsablemente las finanzas públicas.

A abril de 2025, el déficit móvil de 12 meses ha descendido a 2,9 % del PBI, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), pero las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indican que cerraría el año en torno al 2,2 %. Esta meta representa el nuevo tope fiscal aprobado por el Consejo Fiscal y el Congreso, dentro de una política más flexible que busca dar espacio a la recuperación económica, pero que también ha sido cuestionada por diluir los compromisos de consolidación.

Las cifras oficiales preocupan. El gasto público ha aumentado en rubros como remuneraciones, programas sociales y transferencias corrientes. A la vez, la recaudación tributaria no se ha incrementado al ritmo esperado, debido a la ralentización del crecimiento, la caída de ingresos por minería y la vigencia de numerosas exoneraciones tributarias.

Cómo se originó el desequilibrio

Para entender esta situación, es necesario retroceder algunos años. En 2020, el Perú enfrentó un déficit de casi 9 % del PBI producto de la pandemia y las medidas de emergencia sanitaria y económica. Gracias a un manejo prudente en años anteriores y a la existencia de un fondo de estabilización fiscal, el país logró financiar este déficit sin mayores sobresaltos, y para 2021 ya se había reducido al 2,5 %.

Sin embargo, a partir de 2022, la coyuntura se volvió más adversa. El país enfrentó conflictos sociales de gran magnitud, como las protestas del sur andino y la crisis institucional derivada de la vacancia presidencial. A ello se sumaron fenómenos climáticos como el ciclón Yaku y la amenaza de un nuevo Niño costero. Estos choques obligaron al gobierno a redirigir el gasto público hacia la atención de emergencias, reconstrucción e incremento de sueldos en algunos sectores, debilitando el marco fiscal.

Además, se flexibilizaron las reglas fiscales: el déficit permitido subió de 2 % a 2,8 % para 2024 y a 2,2 % para 2025. Esta decisión fue adoptada con el argumento de que era necesario sostener la inversión y reactivar la economía, pero también reveló un debilitamiento institucional. La regla fiscal dejó de ser una restricción efectiva y se convirtió en una referencia modificable según las necesidades del momento.

¿Qué consecuencias enfrenta el país?

El déficit elevado tiene efectos múltiples. En primer lugar, afecta la credibilidad del país ante los mercados financieros internacionales. La posibilidad de un deterioro en la calificación crediticia no es descartable, lo que encarecería el costo de financiamiento externo. De hecho, el propio MEF ha reconocido que se emitirá hasta tres bonos soberanos en 2025 para cubrir las necesidades de financiamiento del Estado.

En segundo lugar, debilita el espacio fiscal para futuras emergencias. Si no se revierte la tendencia, el país podría enfrentarse a un escenario en el que ya no sea posible acudir a reservas fiscales ni emitir deuda con tasas favorables, lo cual sería especialmente grave si se presentan nuevas crisis económicas o desastres naturales.

En tercer lugar, un déficit estructural impide el desarrollo de políticas públicas sostenibles. Si el Estado gasta más de lo que recauda de manera permanente, se limita su capacidad para invertir en infraestructura, salud, educación y protección social con calidad y continuidad.

¿Qué hacer para recuperar la disciplina fiscal?

El Perú necesita recuperar el equilibrio fiscal de forma gradual pero sostenida. Para ello, se requiere un conjunto coherente de medidas, tanto de corto como de mediano y largo plazo:

1. Mejorar la recaudación tributaria. Es fundamental cerrar brechas en la administración tributaria, combatir la evasión y revisar el esquema de exoneraciones. Según el MEF, el Perú pierde más de 2,5 % del PBI en beneficios tributarios ineficientes. Una reforma que elimine privilegios mal justificados y mejore la progresividad del sistema permitiría fortalecer los ingresos públicos.

2. Racionalizar el gasto corriente. El aumento sostenido de las planillas públicas y de los subsidios no puede mantenerse indefinidamente. Es necesario establecer techos realistas, evaluar la calidad del gasto y priorizar proyectos con alta rentabilidad social y económica.

3. Fortalecer las reglas fiscales. Se deben reestablecer metas fiscales exigentes pero viables, con un compromiso político firme. El marco fiscal multianual propuesto por el MEF plantea una reducción del déficit a 1 % del PBI para 2028 y mantener la deuda pública por debajo del 35 % del PBI, cifras que darían solidez macroeconómica al país si se cumplen.

4. Reforzar la institucionalidad fiscal. Se requiere evitar la rotación constante en el MEF y organismos vinculados, fortalecer el rol del Consejo Fiscal como órgano autónomo y promover la transparencia presupuestal, especialmente a nivel subnacional.

5. Impulsar crecimiento con sostenibilidad. La consolidación fiscal será más sencilla si la economía crece de forma sostenida. Para ello, es urgente acelerar la ejecución de proyectos de inversión pública y privada, reducir trabas burocráticas, dar estabilidad a las reglas del juego y resolver conflictos sociales en sectores estratégicos como la minería.

Mirando hacia adelante

El país aún tiene margen para ordenar sus finanzas, pero el tiempo no juega a favor. El Perú mantiene una deuda pública moderada y reservas internacionales saludables, lo que le permite tomar decisiones sin presión externa inmediata. Sin embargo, postergar los ajustes necesarios agravará el problema y reducirá la capacidad del Estado para cumplir sus funciones esenciales.

El reto no es solo técnico. Requiere liderazgo político, consenso entre poderes del Estado y una visión de país que anteponga el interés colectivo al cálculo inmediato. Si logramos avanzar en esa dirección, no solo será posible cerrar el déficit fiscal, sino también restaurar la confianza de los ciudadanos y de los inversionistas en el futuro del Perú.